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La provincia no cuenta con una ley de Ética en la Función Pública. Desde 2013, la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput) intenta que la Legislatura discuta un proyecto de ley de Ética Pública. A tal punto llega el cerrojo informativo en el Estado que las declaraciones juradas de los funcionarios públicos son secretas. Así lo establece la ley 3.981, del 27 de julio de 1973. La normativa provincial nunca fue reformada, pese a que desde su aprobación en el país se ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996), y el Congreso de la Nación sancionó la Ley 25.188, de Ética de la Función Pública (1999).

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